Combatir las ilegalidades; un fin en beneficio social.

Sin disciplina no es posible el éxito de ningún sistema social. Por ello el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales constituye prioridad.

En nuestra provincia, este mal social continúa, a pesar de todas las acciones preventivas que se llevan a cabo.

Entre las manifestaciones más frecuentes destacan: escuchar música a un volumen elevado, los actos de vandalismo contra la telefonía y el transporte público, orinar en la calle, alterar el orden público, fomentar riñas, entre otras conductas negativas que debemos enfrentar y erradicar.

A estas y a muchas otras ilegalidades debemos ponerle fin en aras de una sociedad mejor, pero en ese afán deben ganar mayor protagonismo las organizaciones de masas, en particular, los Comités de Defensa de la Revolución elevando la vigilancia revolucionaria, sobre todo, en el horario nocturno.

Aunque para avanzar, como se precisa, en el enfrentamiento a esas manifestaciones de indisciplina, es preciso el concurso de las autoridades del orden público, y el actuar consciente de todos los ciudadanos.

Lo afirmamos porque el enfrentamiento a las ilegalidades, las indisciplinas y el delito en sentido general, no depende únicamente de la voluntad política y el accionar de las organizaciones responsables de esa labor de enfrentamiento.

Imprescindible es el proceder de cada ciudadano, en el hogar, en los centros de trabajo y en la comunidad, porque el problema tiene diversos orígenes y es innegable.

Por ello, el llamado lo hacemos hoy a la reflexión, para actuar según corresponda a cada cual, porque ponerle fin a esas manifestaciones negativas, en beneficio social, es un compromiso aún pendiente.

Protección al consumidor

 

Foto tomada de Guerrillero 

La nueva Resolución que estipula la protección al consumidor en el sistema de comercio interno, entró en vigor este 4 de junio en todo el país, como garantía para recibir un servicio de calidad.

Aquí en Pinar del Río, la normativa inició en medio de la incertidumbre, debido a la tendencia creciente de las violaciones de nuestros derechos, en la mayoría de las entidades que comercializan bienes y servicios a la población.

El ejemplo más reciente pudimos constatarlo el pasado jueves en el Mercado Ideal de Máximo Gómez. Allí la población se cuestionaba la validez de la disposición legal para proteger a los consumidores.

La razón, muy simple, las demandadas galletas dulces que se comercializaban a granel a 9,50 la libra, ahora la venden por paquetes, a un valor de -nada más y nada menos que- 40 pesos.

Entonces, todos se peguntan, ¿dónde está ese sistema eficaz de protección al ciudadano como consumidor?

Si las estrategias del Estado en materia de ofertas y precios no son más objetivas, entonces de nada valen las disposiciones legales.  

La existencia de una norma no resuelve, por sí sola, las irregularidades, porque -a nuestro modo de ver- la garantía de nuestros derechos va más allá de detectar prácticas engañosas y vicios ocultos de los vendedores.

Más allá, incluso, del irrespeto a los horarios de prestación de servicios, de la existencia de equipos de medición no certificados y de tablillas informativas desactualizadas.

Pagar precios que no siempre están acordes al salario que percibimos por nuestro desempeño, es también irrespetar esos principios básicos relacionados con los derechos de los consumidores.

Los aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo y genera cierta incertidumbre nada favorable en estos tiempos en que nos esforzamos por trasformar -para el bien social- nuestro modelo económico.