Foto tomada de Guerrillero
La nueva Resolución que estipula la protección al
consumidor en el sistema de comercio interno, entró en vigor este 4 de junio en
todo el país, como garantía para recibir un servicio de calidad.
Aquí en Pinar del Río, la normativa inició en medio de la
incertidumbre, debido a la tendencia creciente de las
violaciones de nuestros derechos, en la mayoría de las entidades que
comercializan bienes y servicios a la población.
El ejemplo más reciente pudimos constatarlo el pasado
jueves en el Mercado Ideal de Máximo Gómez. Allí la población se cuestionaba la
validez de la disposición legal para proteger a los consumidores.
La razón, muy simple, las demandadas galletas dulces que
se comercializaban a granel a 9,50 la libra, ahora la venden por paquetes, a un
valor de -nada más y nada menos que- 40 pesos.
Entonces, todos se peguntan, ¿dónde está ese sistema
eficaz de protección al ciudadano como consumidor?
Si las estrategias del Estado en materia de ofertas y
precios no son más objetivas, entonces de nada valen las disposiciones legales.
La existencia de una norma no resuelve, por sí sola, las
irregularidades, porque -a nuestro modo de ver- la garantía de nuestros
derechos va más allá de detectar prácticas engañosas y vicios ocultos de los
vendedores.
Más allá, incluso, del irrespeto a los horarios de prestación
de servicios, de la existencia de equipos de medición no certificados y de tablillas
informativas desactualizadas.
Pagar precios que no siempre están acordes al salario que
percibimos por nuestro desempeño, es también irrespetar esos principios básicos
relacionados con los derechos de los consumidores.
Los aumentos reiterados de los precios erosionan el poder
adquisitivo y genera cierta incertidumbre nada favorable en estos tiempos en
que nos esforzamos por trasformar -para el bien social- nuestro modelo
económico.
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